Hemos propuesto y abierto estas Jornadas
hablando de derechos humanos: el derecho a desplegar con libertad y
autonomía el pensamiento, el derecho a hablar y pensar en las
lenguas y culturas de los orígenes, el derecho a la propia identidad
social e histórica. Y es precisamente la reafirmación de esos
derechos lo que se ha reclamado y ha ido emergiendo como una constante
en los trabajos de las distintas comisiones y en los tres foros realizados
al término de cada día. Derechos que junto a la conquista de
la dignidad laboral, social y política, constituyen hoy una necesidad
insoslayable para las grandes mayorías de nuestro país y de
América.
Una mirada sobre el conjunto de los trabajos presentados en
estas Jornadas -tanto por docentes e investigadores de nuestro país
como de otros países latinoamericanos- nos muestra la convergencia
de problemáticas emergentes de la aplicación de políticas
lingüísticas, educativas y culturales con un alto impacto en
las condiciones socio-culturales de América Latina. En efecto,
la mayoría de estos trabajos nos han permitido tener un panorama
suficientemente claro y exhaustivo acerca de la complejidad que caracteriza
la situación socio-educativa, cultural y lingüística de
los sectores más castigados, sectores que, paradójicamente,
conforman el grueso de las mayorías criollas e indígenas minorizadas
y en muchos casos, ignoradas.
Todo esto sumado a la riqueza de los aportes y opiniones vertidas
en los espacios colectivos generados por los foros de discusión del
final de cada una de las jornadas de trabajo constituye un material que,
quienes hemos participado de estas Jornadas, acordamos en difundir y elevar
-en términos de síntesis de las conclusiones principales
a las que hemos llegado- a las diferentes instancias de decisión
y gestión oficial, directamente concernidas por esta problemática.
Nueva ley de educación: Consideramos
que para que la propuesta de elaboración de una nueva ley de educación
resuelva los problemas emergentes de la aplicación de la Ley Federal,
ésta debe resultar de la convergencia de ideas basada en un verdadero
y efectivo protagonismo de los actores sociales implicados: docentes, investigadores,
familias y de todos aquellos que construyen en la práctica la educación
en este país. Son ellos los que enfrentan y resuelven cotidianamente
los problemas, los que atienden a las necesidades reales que lamentablemente
no aparecen reflejadas explícitamente en la letra del documento que
se eleva al Congreso.
No acordamos con la instancia de participación diseñada
por el Ministerio ya que el modo que esta instancia ha tomado en algunas
provincias, se asemeja más a un intento de convalidación
de ideas y prácticas que no induce a la consideración
de la realidad concreta de las instituciones educativas argentinas y desvía
los verdaderos debates que de una vez por todas deben instalarse en el seno
de la sociedad argentina. Nos vemos en la obligación, porque estamos
directamente implicados en la formación de formadores y en la práctica
docente, de reclamar a funcionarios y gobernantes en todos sus niveles,
menos discursos, más hechos y presupuesto efectivamente destinado
a resolver problemas estructurales y no sólo coyunturales.
Creemos entonces conveniente detener el tratamiento legislativo
del documento para garantizar concretamente estas instancias reales de protagonismo
por parte de todos los actores sociales implicados en la educación,
tanto en el diseño como en la ejecución de una nueva Ley de
Educación que nos represente y sea una realidad para todo el país.
Pluralidad lingüística y cultural: nos
expresamos a favor de una efectiva garantía de respeto, promoción
y valoración de nuestra pluralidad cultural y lingüística,
y para esto no sólo basta el reconocimiento en la letra y a través
de discursos populistas sino a través de acciones efectivas que den
cuenta de políticas concretas.
Acciones que no deben soslayar, justamente a causa de la diversidad
existente, la participación efectiva de los diversos grupos, sectores
y comunidades culturales y lingüísticas en la definición,
diseño y ejecución de las decisiones en torno a las políticas
culturales, lingüísticas y educativas. Esta participación,
entendemos, debe reflejarse efectiva y particularmente en:
- los diseños de los contenidos curriculares de todo el país y en las prácticas didácticas;
- las acciones de difusión y promoción
de la pluralidad cultural y lingüística asumidas responsablemente
como un verdadero compromiso por parte todos los organismos de gestión.
Cuando hablamos de garantizar la pluralidad cultural y lingüística
entendemos que todos los sujetos de este país tienen derecho a conocerla
y reconocerse en ella. Las políticas de interculturalidad no pueden
estar diseñadas sólo para los diferentes, porque diferentes
somos todos. En este camino la escuela y los medios de comunicación
oficial deben proveer al conocimiento y valoración de las culturas
y lenguas regionales, originarias, de herencia y minorizadas, conocimiento
que no debe pasar por representaciones estereotipadas sino que debe cimentarse
y alcanzarse en un proceso de democratización de las lenguas y culturas
que nos conforman como nación.
Lenguas originarias: No aceptamos que las lenguas originarias sean incluidas en los contenidos
educativos como segundas lenguas, porque precisamente son las originarias
y primeras. Tampoco aceptamos que en pos de la defensa de un español
neutro estándar, las lenguas que se hablan en cada provincia
o región sean consideradas variedades alternativas, de dominio privado
o doméstico. . El camino es justamente el inverso. Hasta que logremos
que los organismos responsables de la política educativa y lingüística
admitan que la diversidad no implica incomunicación ni inteligibilidad,
lo cual, por otra parte, está científicamente demostrado,
el español estándar debe ser enseñado como herramienta
funcional para la comunicación oral y /o escrita de orden público.
Asimismo y en defensa de estas lenguas y culturas, solicitamos
la garantía de posesión de la tierra que habitan y trabajan
los pueblos originarios conjuntamente con la garantía de difusión
y valoración de sus culturas y lenguas. Esta garantía deberá
tener fundamentos legales, con valor penal, que impidan cualquier intento
de enajenación.
Consideramos prioritaria una decisión política
en el sentido de incorporar las lenguas originaras en los diseños
curriculares de todos los niveles educativos del país y en la formación
de maestros capacitados.
Discriminación cultural y lingüística: Reclamamos, igualmente, la penalización y reglamentación de
cualquier tipo de discriminación cultural y lingüística,
con igual estatuto que la existente en términos de discriminación
social o étnica.
En este mismo sentido creemos que se impone la inclusión
en la política educativa y cultural del país de un reconocimiento
expreso de la lengua de señas (LS), como primera lengua de la comunidad
sorda en tanto instrumento de comunicación social y, en consecuencia,
una particular atención a la formación de formadores en dicha
lengua y a su conocimiento y difusión obligatorios en los diseños
curriculares de todos los niveles educativos.
Políticas científicas, culturales y educativas: Los trabajos y discusiones generados en este sentido, reflejan claramente
el nivel alcanzado por nuestros docentes e investigadores, al mismo tiempo
que manifiestan la necesidad de promoción y difusión, en el
marco de las políticas científicas, culturales y educativas,
de las teorías y modelos científicos que se gestan en el país
en respuesta a las problemáticas concretas. No rechazamos los
modelos que proceden del exterior pero sí solicitamos para nuestra
producción científica y cultural idéntica valoración
y tratamiento prioritario con respecto a aquellos modelos foráneos.
Para ello, reclamamos la efectiva garantía para la producción
de conocimientos generados desde nuestras propias necesidades, realidades
y prácticas socioeducativas. Exigimos que los docentes, investigadores
y trabajadores de las ciencias sociales sean respetados en su capacidad de
elección y decisión en torno a las teorías y modelos
científicos y dejen de estar sujetos a los modelos que impone explícita
o veladamente el sistema educativo y científico argentino.
Lenguas extranjeras: Advertimos que la política educativa en vigencia impone casi
unánimemente la hegemonía de una sola lengua-cultura
extranjera. Es innegable que ello constituye una de las herramientas
de penetración cultural e ideológica al servicio del imperialismo
internacional. Lo que es mas grave aún es que dicha penetración
sea soslayada, sosteniendo el argumento de una práctica instrumental
con un marcado valor utilitarista, en desmedro de la dimensión social,
cultural y formativa inherente a toda lengua. Nos pronunciamos a favor
de la pluralidad lingüística y cultural en relación con
la implementación en el sistema educativo de la enseñanza-aprendizaje
de varias lenguas extranjeras.
Nuevas tecnologías y educación: El empleo productivo y creativo que de las nuevas tecnologías realizan
los jóvenes requiere de un espacio específico en el sistema
educativo que fomente y promueva en los procesos de aprendizaje el
salto cualitativo, tanto de docentes como estudiantes, de usuarios
a protagonistas del conocimiento en soportes tecnológicos múltiples.
No basta con tener computadoras en las escuelas. Lo que proponemos
es que en los diseños curriculares la tecnología no se
limite a un mero medio a usar, sino que constituya un sostén de procesos
transformadores, inclusive de los mismos recursos tecnológicos, en
pos de conocimientos que favorezcan el cambio en las condiciones de existencia
de nuestro país.
En el acto de cierre de Jornadas reafirmamos nuestro reclamo
por la aparición con vida de Jorge López. La desaparición
de una persona en un país democrático, nos retrotrae a las
nefastas épocas de las dictaduras. Es inadmisible que en este país
no tengamos aún garantías de vida y que, por testimoniar
y denunciar la violación de los derechos humanos y el genocidio que
llevaron a cabo individuos que aún siguen caminando por la calle,
se tenga que pagar tan alto costo. Más allá de las polémicas
en torno a la persona del Sr. López, si de derechos humanos hemos
hablado y venimos reclamando en estas Jornadas, el primer derecho es
el derecho a la vida y a la libertad de pensamiento, de protagonismo
y de acción; derechos que deberían estar garantizados para
todos.
Ver Adhesiones recibidas
